El pasado jueves 15 de octubre el Gobierno nacional ordenó retirar más de treinta piezas de la exhibición del Museo Nacional y con ello alteró la representación pública de una parte importante de nuestra historia. Entre ellas hay obras y objetos relacionados con los movimientos feministas, las comunidades LGBTQ+, las víctimas de la Unión Patriótica y del conflicto armado, e incluso documentos clave de nuestra historia reciente, como la séptima papeleta, que abrió el camino a la Asamblea Nacional Constituyente y a la Constitución de 1991.
Cuestionamos que se busque imponer una versión excluyente de la nación al remover piezas que buscaban reconocer la pluralidad, la diversidad y las memorias de grupos de colombianos marginados durante décadas. Ante una remoción tan repentina, estas acciones niegan la diferencia y la memoria de minorías y grupos históricamente excluidos.
No tenemos noticia de que algo de esta magnitud haya ocurrido antes bajo ningún gobierno, cualquiera que haya sido su orientación política. El guion del Museo Nacional se nutre de años de investigación rigurosa y del trabajo de sus equipos curatoriales, pero también de los saberes, las memorias y las experiencias de las comunidades que participan en la construcción de los relatos sobre el pasado. Este relato hoy está siendo vulnerado. Un museo puede revisar críticamente su guion curatorial. De hecho, debe hacerlo, pero a partir de la revisión de las fuentes, la investigación y una interpretación atenta a la complejidad histórica. Las transformaciones de una exposición deben ser el resultado de procesos rigurosos de revisión curatorial, no de decisiones que desconozcan la investigación y el trabajo que la sustentan.
Lo que está pasando no solo es insólito sino también muy peligroso, pues sienta un precedente de censura que atenta directamente contra la academia, la investigación, la gestión cultural y artística y las comunidades cuyas historias, memorias y experiencias están representadas en las piezas removidas. Estas decisiones se tomaron sin los protocolos ni los consensos que exige un guion curatorial, y siembran miedo entre las minorías y entre quienes no comparten las posturas del actual Gobierno.
El Museo, como institución del Estado, debe representar a todos los colombianos. Las curadurías, al igual que la producción artística y cultural, incluso cuando generan tensiones, son testimonio de las distintas historias que hacen parte de la construcción de la nación. Ningún gobierno debería instrumentalizar el Museo. Su tarea es, por el contrario, propiciar el diálogo y la discusión e incluir en sus colecciones voces y rostros diversos. Ese fue el espíritu del proyecto de renovación que respaldaron varios gobiernos anteriores, y es también el de la Constitución de 1991, que nos rige y nos llama a pronunciarnos ante estos hechos de censura.
Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes.
Artehum.
